Caso Alas Peruanas: la otra investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori

Contenido
  1. Tabla de hallazgos
  2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011
  3. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016
  4. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)
  5. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)
  6. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)
  7. Archivo definitivo del caso (enero 2026)
  8. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)
  9. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)
  10. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)
  11. Anexo: investigaciones abiertas sin acusación ni sentencia
  12. Investigación por los aportes de la campaña 2021
  13. Caso Alas Peruanas
  14. Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)
  15. Fuentes consultadas

Tabla de contenido

El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por una estrecha diferencia de solamente 49,641 votos frente a Roberto Sánchez. Representa su cuarto intento por alcanzar el máximo puesto de la nación. Arriba al poder cargando con 69 pesquisas fiscales en su legajo —51 de ellas archivadas y 18 vigentes—, proviniendo casi la totalidad del conocido «Caso Cócteles», el proceso judicial centrado en el financiamiento irregular de sus postulaciones en 2011 y 2016, que abarca donaciones admitidas por la constructora brasileña Odebrecht. Dicho expediente repasa las evidencias documentadas a lo largo de su trayectoria pública.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Aportes simulados de empresarios y de Odebrecht (US$1 millón) canalizados como «cócteles» y rifas Admitido en parte por la propia defensa de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Aportes no declarados, incluidos US$480,000 recolectados por José Chlimper Investigado por la Fiscalía; sin sentencia firme
3 Prisión preventiva (2018-2019) Más de 13 meses detenida por riesgo de obstrucción a la investigación Confirmado — orden judicial ejecutada
4 Juicio oral (2024-2025) Acusada de organización criminal, lavado de activos, obstrucción y falsa declaración; la Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión Juicio realizado; sin condena de fondo
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional anuló el juicio oral por vicios de procedimiento atribuidos a la Fiscalía Confirmado — resolución del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El TC ordenó archivar los cargos de lavado de activos y organización criminal por los aportes de 2011 y 2016 Confirmado — resolución del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) Tras perder el balotaje, impulsó la narrativa de «fraude electoral» y buscó anular votos Rechazada — la OEA y la UE calificaron los comicios de limpios
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Designó a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré —investigados en el Caso Cócteles— en una comisión consultiva de la Presidencia Confirmado por medios de prensa
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) En la Asamblea General cuestionó que se siga procesando a militares por la lucha antiterrorista; la presidenta del Poder Judicial rechazó sus declaraciones Confirmado — declaración pública propia

Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

Durante septiembre de 2011, la ONPE documentó que Fuerza Popular (conocida en aquel entonces como Fuerza 2011) reportó percepciones superiores a los S/17 millones destinados a la contienda presidencial de ese periodo, registrando a su vez una cifra considerable de remesas sin procedencia clara. Dicha agrupación política intentó justificar una fracción de dichos fondos mediante un par de acontecimientos: una recepción efectuada en diciembre de 2010 que supuestamente acopió cerca de US$119,750 y un evento adicional, celebrado en el transcurso del mismo mes, por un valor aproximado de US$90,000. Desde el año 2014, el Ministerio Público ha mantenido la tesis de que tales actividades y sorteos resultaban insuficientes para solventar una campaña de semejantes proporciones, operando detrás una estructura de «aportantes simulados» o maniobras de pitufeo, donde diversos empresarios cedían sus identidades para encubrir la verdadera procedencia de los recursos. El Comercio informó que los propios letrados de Fuerza Popular admitieron ante el tribunal la existencia de contribuyentes ficticios, si bien rechazaron categóricamente que esto configurara un delito de blanqueo de capitales.

Entre los aportantes señalados figuran Dionisio Romero (Credicorp), con unos US$3.65 millones, y Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), según Resumen Latinoamericano. En febrero de 2019, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró ante fiscales peruanos que la constructora brasileña aportó US$1.2 millones a la campaña de 2011 a través de Jaime Yoshiyama, según RPP. La libreta de Marcelo Odebrecht, expuesta en 2017, incluía además una anotación sobre «aumentar Keiko», citada por El Comercio.

Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

Dicha indagación abarcó igualmente los comicios presidenciales de 2016, contienda en la que Fujimori cayó derrotada ante Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia sumamente estrecha. De acuerdo con Resumen Latinoamericano, José Chlimper Ackerman, quien fungía por entonces como secretario general de Fuerza Popular, habría retirado US$480,000 repartidos en cinco partidas durante aquel año, fondos cuyo paradero definitivo no se especificó dentro del sumario fiscal. Asimismo, un informe emitido en 2018 por la Fiscalía de Lavado de Activos determinó que la agrupación política únicamente logró respaldar el 33% de los recursos totales acumulados para ambas justas electorales.

La Fiscalía, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, sostiene que Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular usaron el mismo mecanismo de aportantes simulados en 2016 para ocultar el origen de los fondos, según reconstruye El Comercio. Entre los citados a declarar figuró el excongresista Rolando Reátegui, quien se acogió a la colaboración eficaz y relató cómo reclutó aportantes falsos en la región San Martín por pedido de la dirigencia del partido, según Epicentro.

Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

A mediados de octubre de 2018, Fujimori sufrió una detención preliminar por un periodo de diez días a raíz de las pesquisas que la Fiscalía llevaba a cabo sobre un supuesto lavado de dinero relacionado con las rifas y eventos de Fuerza 2011, tal como informó RPP. Tiempo más tarde, el magistrado Richard Concepción Carhuancho avaló la solicitud del Ministerio Público para imponerle prisión preventiva bajo la premisa de un peligro de interferencia en las diligencias, lo que derivó en su reclusión en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por un lapso superior a los 13 meses, según consignó La República. Conforme a la hipótesis que manejaba entonces la fiscalía, la política se encargaba de dirigir, guiar y articular las operaciones de una red ilícita al interior de su agrupación partidaria. Dicha resolución judicial se examinó posteriormente, permitiendo que Fujimori abandonara la cárcel, si bien quedó sujeta a diversas limitaciones legales —tales como comparecencia con restricciones y prohibición de abandonar el territorio nacional— mientras el expediente seguía su curso.

Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El pasado 1 de julio de 2024 dio inicio el juicio oral del Caso Cócteles, el cual involucra a Fujimori, a su antiguo cónyuge Mark Vito Villanella y a otros 44 individuos, de acuerdo con Infobae. Los delitos imputados comprenden lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia. Previamente, la etapa de control de acusación se prolongó durante un año y nueve meses bajo la tutela del juez Zúñiga, abarcando un sumario fiscal superior a las 13 mil páginas, según reportó El Comercio, medio que asimismo precisa que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 30 años y 10 meses para los exasesores Ana Herz y Pier Figari, además de 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Según ese mismo expediente, un testigo protegido señaló que Figari y Herz recibían dinero de empresarios que no querían figurar en la lista oficial de aportantes de la campaña de 2011. La defensa de Fujimori, por su parte, sostuvo durante el proceso que la Fiscalía no lograría probar el delito de lavado de activos.

Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

El Tribunal Constitucional anuló en octubre de 2025 el proceso abierto en 2024, cuando el juicio oral aún no concluía. Para el TC, explica La Válvula, las sucesivas subsanaciones que la Fiscalía introdujo en su acusación lesionaron el debido proceso de los acusados. La resolución no entró a evaluar si hubo o no financiamiento irregular: se limitó a los defectos procesales atribuidos al Ministerio Público durante los años de instrucción.

Archivo definitivo del caso (enero 2026)

Durante enero de 2026, el Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de las acusaciones por blanqueo de capitales y organización criminal vinculadas a los fondos electorales de 2011 y 2016, de acuerdo con La Válvula. La base jurídica, detallada por El Comercio, radicó en que cuando ocurrieron los sucesos indagados (2011 y 2016), el financiamiento irregular de agrupaciones políticas carecía de tipificación como ilícito penal independiente —dicho marco legal se promulgó hasta 2019—, además de no haberse acreditado la conformación de una red criminal al interior de la tienda política. Dicho camino judicial ya había favorecido previamente a Pedro Pablo Kuczynski, cuya causa relacionada con los recursos de Odebrecht igualmente fue cerrada en 2026, generando la protesta abierta de Ollanta Humala, sentenciado por conductas equivalentes y quien continuaba privado de su libertad.

Este archivo cierra, al menos en la vía penal, el frente judicial que dominó la carrera política de Fujimori durante más de una década.

Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Luego de caer en la segunda vuelta de 2021 ante Pedro Castillo por una diferencia mínima de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori evitó aceptar el marcador en un principio, acusó un presunto fraude y promovió numerosos recursos para anular actas y sufragios, conforme a lo señalado por Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones desestimó dichos recursos y declaró triunfador a Castillo el 19 de julio de 2021; solo en ese momento, Fujimori comunicó que aceptaría el desenlace.

Organismos internacionales de observación electoral, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, concluyeron que los comicios habían sido limpios y competitivos, de acuerdo con La Válvula. No se documentó ninguna irregularidad que respaldara la denuncia de fraude a la escala necesaria para revertir el resultado.

Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

Tras asumir la presidencia, Keiko Fujimori designó el 16 de septiembre de 2026 a Arsenio Oré, José Chlimper Ackerman y Jaime Yoshiyama Tanaka dentro de una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, tal como informó La República. Por un lado, el Ministerio Público identificó a Yoshiyama como el receptor y encubridor de los fondos entregados por Odebrecht para la contienda electoral de 2011, según el testimonio de Jorge Barata. Por otro lado, Chlimper, quien ocupaba la secretaría general de la agrupación política en aquel periodo, afrontó pesquisas por los mismos ilícitos endilgados a Fujimori, tales como lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración. Vale destacar que los dos formaron parte del gabinete ministerial durante la administración de Alberto Fujimori.

Tras el archivo del caso a comienzos de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente imputaciones activas por Cócteles, si bien la designación revivió los cuestionamientos acerca de los nexos de la mandataria con el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

El 22 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Fujimori afirmó: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», según Infobae. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó «completamente» esas palabras, recordó que también hubo jueces asesinados en la lucha contra el terrorismo y que fueron jueces quienes condenaron a Abimael Guzmán.

Lejos de retroceder, Fujimori respondió que no iba a «callar» sobre «los errores del pasado», según Infobae. El episodio abrió el primer enfrentamiento público entre su gobierno y la cabeza del Poder Judicial.

Anexo: investigaciones abiertas sin acusación ni sentencia

Las siguientes investigaciones siguen abiertas y no han derivado en acusación ni sentencia. Se recogen como recorrido judicial, no como hechos probados. Desde que asumió la presidencia, el artículo 117 de la Constitución limita el avance de las investigaciones en su contra durante el mandato, según Gestión.

Investigación por los aportes de la campaña 2021

El 30 de septiembre de 2025, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dio inicio a una investigación preparatoria que alcanza a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a la persona jurídica Fuerza Popular. A todos ellos se les atribuye conformar una red criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante fondos recaudados durante la campaña electoral de 2021, conforme a lo informado por RPP. Dicho proceso se fijó en un periodo de 36 meses, mientras que el magistrado Wilson Verástegui dispuso únicamente la medida de comparecencia simple.

Conforme a lo publicado por Infobae, la investigación del Ministerio Público contempla aportaciones ficticias cuya procedencia no ha sido declarada, la utilización de S/1.6 millones de financiamiento público para actividades proselitistas y la suma de S/1,258,708 reunida entre el 9 y el 30 de julio de 2021 con el propósito de cuestionar la victoria de Pedro Castillo. Diversos contribuyentes negaron haber efectuado los donativos que se les endilgan. Hasta el momento, no existe ni acusación ni condena.

Caso Alas Peruanas

El Caso Alas Peruanas avanza por una vía separada de Cócteles. En él, el Ministerio Público atribuye a Fujimori y a su exasesor Pier Figari la presunta autoría de lavado de activos agravado, con dinero que habría salido de la Universidad Alas Peruanas y de la organización atribuida a su fundador, Fidel Ramírez, padre de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular. De acuerdo con La República, la tesis fiscal incluye S/210,000 recibidos en 2011, S/54,536 entre 2014 y 2015 y la transferencia de dos inmuebles en Lima.

El Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica el 30 de abril de 2025, no obstante, Gestión reportó con posterioridad que una sala de apelaciones revocó dicha inclusión y apartó a la organización política de la causa. Los procesos dirigidos contra los implicados particulares continúan vigentes y sin acusación fiscal.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

El 4 de febrero de 2026, semanas después de que se archivara el Caso Cócteles, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició una pesquisa contra Fujimori por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con Infobae. El centro de las indagaciones abarca los US$3.6 millones en metálico que Dionisio Romero le habría otorgado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011; el Ministerio Público señala que sus informes patrimoniales presentados en 2010 y 2011 en su calidad de congresista apenas sufrieron alteraciones a pesar de haber recibido dichos capitales.

A diferencia de la causa archivada que giraba en torno a la financiación de partidos, esta indagación analiza sus bienes personales. Se la catalogó como de alta complejidad y se fijó un período inicial de ocho meses. Todavía no existen imputaciones.

Fuentes consultadas